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La transición democrática es el proceso por el cual se cambia un régimen autoritario por uno democrático, mediante acuerdos expresos o implícitos.
No obstante, existen grados de compromiso. Los estudiosos distinguen los conceptos de liberalización y democratización. Mediante el primero, se pretende ampliar algunas libertades moderando la autocracia; con el segundo, se aspira a modificar la naturaleza política y vertical del sistema. El proceso de negociación en el Perú, que gracias a la intervención de la comunidad internacional comenzó siendo uno de liberalización del sistema después de sus cuestionadas elecciones, devino en uno de democratización con el decurso de los últimos acontecimientos.
Entre los casos de transición, el español, que gira en torno a los Pactos de la Moncloa, resulta el más importante. En las Cortes Constituyentes de 1978, la Constitución se debatió por separado en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Ninguna tenía una agrupación política mayoritaria, por lo que se planteó el gran reto del acuerdo. Hacían contrapeso dos principales fuerzas políticas: la centroderecha con la Unión de Centro Democrático liderada por Adolfo Suárez y la centroizquierda con el Partido Socialista Obrero Español. Las tendencias estaban tan dispersadas que parecía imposible lograr una Carta de consenso, máxime si debían conciliar posiciones monárquicos y republicanos, nacionalistas vascos y unitaristas, así como socialistas y comunistas con los partidarios de la libre empresa. Sin embargo, se plasmó. Y con creces.
¿Cómo se alcanzó? Se constituyó en el Congreso una comisión plural para elaborar el Anteproyecto, integrada por siete miembros. Redactado éste, el Congreso de los Diputados lo aprobó casi unánimemente. Luego, el Senado propuso modificaciones y se formó una Comisión Mixta Congreso-Senado, que revisó las enmiendas y redactó el proyecto definitivo, aprobado en cada Cámara por separado.
El referéndum constitucional aprobó el texto por un porcentaje del 91.82 y agrupaciones de diverso signo ideológico, incluyendo el Partido Comunista de Santiago Carrillo y la legendaria Pasionaria, hicieron campaña por el SI. El Rey Juan Carlos afirmó que la Constitución era "expresión de la nueva concordia nacional".
El paso de la España del franquismo a la monarquía constitucional hubiera sido impensable sin una mirada comprensiva del pasado y la fe puesta en el futuro. Los Pactos de la Moncloa supusieron el encuentro de grupos ideológicamente distintos, que sin confundirse en un proyecto político común, entendieron que la transición reclamaba algunos consensos básicos que sentaran las bases del nuevo sistema. Atrás quedaron las exclusiones y sólo se marginaron más tarde del proceso político quienes hasta hoy han hecho de la violencia un medio de actuación pública. Por lo demás, la naciente monarquía debía hacer viable el proceso autonómico que la Constitución consagraba, compromiso que fue diseñado y honrado en el tiempo. Una armoniosa combinación entre la Jefatura de Estado encarnada en el retorno de un Borbón al poder y la Jefatura de Gobierno nacida de una designación parlamentaria constituyó la exitosa arquitectura constitucional que ha permitido darle continuidad y estabilidad a España.
El caso de Chile es el de una transición inconclusa porque aún tiene enclaves autoritarios que dejó el régimen del General Pinochet, como los senadores designados, el sistema binominal y el rol del Consejo de Seguridad. Aunque fue muy reconfortante el triunfo plebiscitario del NO y luego la victoria electoral de don Patricio Aylwin, Augusto Pinochet no era propiamente un perdedor. De inmediato quedó reconocido como Comandante General del Ejército, para luego tener asegurado su asiento en el Senado, con las prerrogativas e inmunidades que ello implicaría. A la oposición no le quedó mas remedio que someterse a las reglas impuestas por el régimen militar. Hace unos meses, tuvimos el privilegio de escuchar una conferencia magistral del ex Presidente Patricio Aylwin en la Universidad de Lima. Comprendimos entonces cuánto realismo y madurez supuso ese interesante proceso, que aún hoy enfrenta rezagos autoritarios.
El caso mexicano es particularmente original. Los tratadistas no se ponen de acuerdo si el ogro filantrópico, como lo llamó Octavio Paz, corresponde a una dictadura perfecta, a un pluralismo restringido o a un sistema de partido hegemónico. Como fuera, las leyes electorales no estaban claras y parecían perjudicar las niveles de representación de la población y las condiciones de equidad para los candidatos y partidos alternativos al PRI.
La sospecha respecto a cuál fue la verdadera voluntad ciudadana en las elecciones de 1988, produjo el fortalecimiento del Instituto Federal Electoral y se consolidó la transición mexicana como una de carácter esencialmente electoral. Las transformaciones del sistema electoral mexicano han conducido a la elección de un nuevo Presidente y al fin de la hegemonía del Partido Reformista Institucional, luego de 70 años en el poder.
En la República Dominicana, a la larga dictadura trujillista que nuestro ilustre escritor Mario Vargas Llosa ha descrito con veracidad e imaginación en su reciente obra La Fiesta del Chivo, siguió una igualmente prolongada presencia política en el gobierno del Partido Reformista Social Cristiano encabezado por Joaquín Balaguer. En 1994, la suerte parecía inclinarse a favor de un antiguo contendor y líder del tradicional partido rival. Notorias irregularidades privaron del triunfo a José Francisco Peña Gómez y forzaron una inmediata reacción nacional e internacional que condujo a la nulidad de las elecciones. El Pacto por la Democracia y los posteriores diálogos y acuerdos de la sociedad civil tuvieron en nuestro ilustre visitante no sólo un extraordinario promotor sino la autoridad moral que la nación dominicana reclamaba en tiempos tan difíciles. El caso dominicano es sumamente interesante para nosotros por su gran parecido a lo sucedido en el Perú. Muestra de ello es el libro El Trauma Electoral, escrito por Juan Bolívar Díaz, denunciando la irresponsabilidad y la parcialidad de los jueces electorales, el fraude planificado del Centro de Cómputos, el uso de cédulas de difuntos por parte del Jurado Electoral, la utilización de recursos públicos confundiendo la figura del Presidente con la del candidato que buscaba la reelección, la responsabilidad de los medios de comunicación en la ausencia de búsqueda de la verdad y la falta de defensa de la institucionalidad por parte del sector empresarial.
El título de este Seminario Internacional es auspicioso para cualquier sociedad que rigiéndose bajo una autarquía aspira vivir en democracia. No obstante, debe recalcarse que para alcanzar este régimen, cuya vigencia universal tiene ya veinticinco siglos desde que brillara en Atenas, no hay mucho que meditar.
Más bien, deberíamos encaminar nuestro esfuerzo para provocar una verdadera insurrección ética, como proclama José Saramago. A diferencia de las transiciones políticas que serán analizadas en estos días, en el Perú vivimos una hecatombe moral como consecuencia de una corrupción que la mayoría no quiso ver ni oír.
El origen de ella es el desarrollo de una actividad muy expandida, que es la más importante de la economía del país y la que más contribuye a cubrir el déficit de nuestra balanza de pagos. De allí la informalidad de nuestro sistema. Mientras en Chile el 60% de las transacciones se realizan en el sistema bancario -y en Colombia el 40%-, en el Perú sólo el 20%.
El déficit acumulado de nuestra balanza de pagos de los últimos diez años ha sido cubierto por el producto de la privatización y de la actividad que muchos descubren como existente recién ahora y que diez años de ingenuidad disimularon. Ello se ve agravado por lo recientemente denunciado, en el sentido que más de la mitad del presupuesto público no pasa por el trámite de aprobación parlamentaria.
Nuestro deber, entonces, no es sólo impulsar el cambio político, sino obligar a los factores sociales a pensar en cómo estructurar nuestra economía con la ayuda que deben prestar los países responsables del flagelo que nos azota, y que sólo hoy reaccionan frente a un descomunal andamiaje electoral que hace que los poderes públicos elegidos tengan un origen írrito. Los hombres de derecho nos rasgamos las vestiduras para encontrar siempre una salida de acuerdo a la Constitución. Pero no debemos olvidar que estamos hace mucho tiempo fuera de ella y que no faltan ciudadanos lúcidos y de gran entereza y representatividad que podrían conducir este proceso.
Reflexionar es pensar detenidamente. Pero hagámoslo con sentido estético. Sólo así podremos salir del entrampamiento. El diálogo es importante pero que para ello es indispensable tener un interlocutor válido. ¿Podemos pensar que éste existe después de todos los descubrimientos? Acaso muchos no olvidaron la prédica de Jesús que recoge San Mateo en su Evangelio, capítulo 16, versículo 26, y que en el valle del río Mantaro el Convento de Ocopa registra en una pared al recibir a los peregrinos: "¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?" Estas digresiones, propias de los académicos revelan una encendida indignación por lo que observamos.
Queremos que todos ustedes, amigos asistentes, pero particularmente la juventud universitaria, se nutra de estas experiencias. Superar la autocracia y reconstruir regímenes democráticos no es tarea simple ni empeño que se agota al primer esfuerzo. Son desafíos que demandan mucha tenacidad y constancia.
En abril del 2001 nuestro país irá a un nuevo proceso electoral. Su convocatoria ha sido la consecuencia de un proceso previo cuestionado nacional e internacionalmente. El diálogo institucionalizado a través de la Mesa convocada por la Organización de Estados Americanos ha sido el escenario para decisiones trascendentes. Vienen ahora los retos nacionales inmediatos y mediatos.
En lo inmediato, se trata de organizar elecciones libres, justas y transparentes. Sólo esas condiciones permitirán al nuevo gobernante iniciar su mandato con legitimidad.
En lo mediato, habrá que superar graves problemas heredados de un régimen autoritario, como recomponer la institucionalidad democrática y modernizar al Estado, forjar nuevas y más armoniosas relaciones entre civiles y militares y brindar estabilidad a nuestra economía, superando los problemas derivados de esta incierta etapa de nuestra vida política.
Pero a todo ello, se suma la imperiosa necesidad de regenerar moralmente a nuestro país. La ética en la vida de los pueblos es el cimiento sólido sobre el que deben construirse proyectos duraderos. La corrupción, por el contrario, es la lacra que genera mayores amenazas.
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