SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL 1º de diciembre de 2006.
Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos del P.V.P.

ULTIMAS NOTICIAS PAG. 5
Centro Militar criticó reconocimientos a ex oficiales. Eran 'aliados de organizaciones subversivas'.

En el editorial principal de la edición de diciembre de la revista "El Soldado", que edita el Centro Militar, se cuestionó la reconstitución de las carreras militares "de personas que en su momento se aliaron o directamente integraron organizaciones armadas subversivas que atentaban por la vía armada contra el Estado, la democracia y las autoridades legalmente constituidas".

Entre el 4 y el 11 de setiembre pasados, el Poder Ejecutivo emitió una treintena de resoluciones a través de las cuales recompuso la carrera de personas -algunas de ellas fallecidas- que revistaron en las Fuerzas Armadas y que fueron destituidas por el gobierno militar.
También se criticó la forma en la cual se hizo pública la destitución del ex jefe del Ejército, Carlos Díaz, por haber sido llevada adelante "sin la debida reserva con que siempre se ha manejado este tipo de medidas". "Ambas decisiones, aunque muy diferentes en su naturaleza, tienen un elemento en común: ponen de manifiesto una evidente falta de consideración hacia la institución armada al no tenerse en cuenta los efectos que semejantes medidas tendrían sobre la misma y, además, dificulta el relacionamiento de las Fuerzas Armadas con el gobierno", agregó.

En el mismo texto, se reclamó la adopción de "medidas concretas" para alcanzar "la concordia y la reconciliación" y advirtió que la forma en que el gobierno ha interpretado la ley de Caducidad "ha vulnerado su espíritu y abierto un sendero al cual (...) no se le ve un fin".
Rodríguez Buratti

En la misma edición, y haciendo suya una expresión del general (r) Iván Paulós, el Centro Militar calificó la muerte del coronel (r) Juan Antonio Rodríguez Buratti como la "primera baja de combate de la guerra psico-política entablada por el terrorismo" contra integrantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con "El Soldado", el militar, que se autoeliminó un día antes de tener que comparecer ante la Justicia imputado de violaciones a los derechos humanos, "por más de tres lustros fue sometido, junto a su familia, a una permanente y metódica tortura psicológica por parte de terroristas autoerigidos en defensores de los derechos humanos, quienes lo atormentaron permanentemente mediante una campaña feroz que no ahorró amenazas e insultos anónimos y campañas de prensa".



ELPAIS PAG. 10
Gilberto Vázquez y la 'historia reciente'. Dice que lucha antisubversiva fue institucional.

"Estamos viviendo una guerra de inteligencia y una guerra de percepciones. Las victorias tácticas no implican ganar la guerra. En nuestro país, después que las Fuerzas Armadas tomaron la conducción de las operaciones, ganamos todas las batallas pero estamos perdiendo la guerra", afirmó el coronel retirado en situación de reforma, Gilberto Vázquez. Bajo el título "La historia reciente", Vázquez -quien está recluido en el sexto piso de Cárcel Central- relató los hechos que a su entender llevaron a que se desarrollara la lucha antisubversiva en forma institucional ante el accionar del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) hasta 1972. Por medio de un correo electrónico, Vázquez sostuvo que "el peso de la lucha lo llevaban las unidades de policía militarizadas". Subrayó que con la activa participación de integrantes de los Tenientes de Artigas, se comenzó a manejar la posibilidad del golpe de Estado, como forma de frenar al MLN. "Se aceptó el desafío y se empezó a planificar". Los nombres de los generales Esteban Cristi, Julio César Vadora, Gregorio Álvarez, Eduardo Zubía son mencionados por Vázquez, así como el de Ramón Trabal, quien fue el primer responsable del Servicio de Información de Defensa (SID).



BRECHA PAG. 8
Contradicciones en torno a un mamarracho jurídico. La izquierda y la anulación de la ley de caducidad.

El presidente Tabaré Vázquez avanzó en materia de verdad y justicia aplicando de modo estricto la ley de caducidad. Disminuyó así los conflictos políticos con la oposición y evitó las objeciones jurídicas que habría recibido si hubiese optado por anularla. Pero el adefesio esencial se mantiene vigente, la justicia uruguaya continúa recortada y el país sigue en deuda con la comunidad internacional.
Guillermo Waksman

En diciembre de 1986 el Frente Amplio (FA) fue el único partido cuya bancada se definió en forma unánime sobre la ley de caducidad: ninguno de sus legisladores la votó. En aquel momento el Partido Nacional (PN) se dividió prácticamente a la mitad entre quienes la votaron y quienes la rechazaron, y los colorados sufrieron una sola deserción, la del entonces diputado Víctor Vaillant. En la campaña hacia el referéndum de abril de 1989 el panorama fue más o menos el mismo. A partir de entonces hubo un progresivo alineamiento del PN con la posición de mantener la ley de caducidad, que se debió en parte a la pérdida de peso del Movimiento Nacional de Rocha en la interna blanca y también a la modificación del pensamiento de algunos dirigentes. Es el caso del actual presidente del Directorio, Jorge Larrañaga, quien en 1989 votó verde, desacatando a su líder Wilson Ferreira, pero posteriormente se convenció de que la ley había sido la mejor salida posible de la dictadura.

En el FA la unanimidad se perdió en el último Congreso de 2003, cuando una propuesta de anular la ley, aprobada en comisión, fue ampliamente rechazada en el plenario. Allí Hugo Cores (PVP) abogó por la anulación y Eleuterio Fernández Huidobro (MPP) sostuvo que había que mantenerla en vigor. Uno de sus principales argumentos fue que de lo contrario se arriesgaba el triunfo electoral: “A todo podemos renunciar, menos a la victoria”, afirmó el dirigente tupamaro. Desde entonces las diferencias se mantuvieron.
No se trata de discrepancias en cuanto al fondo de la cuestión –nadie niega que la ley es injusta, inconstitucional, violatoria de convenios internacionales que Uruguay ha ratificado, y todos coinciden en que constituye una verdadera aberración jurídica–, pero muchos entienden que hay razones de orden táctico que hacen necesario mantenerla en vigor, al menos por ahora.

La diversidad de opiniones en la izquierda se hizo evidente en el acto de lanzamiento de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley, el martes 21, al cual no asistió la mayor parte de la bancada oficialista. También existen diferentes posiciones en Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, una organización que, ante esa situación, optó por no adoptar una posición oficial sobre el tema y permitir que sus miembros se definieran a título personal.

La Comisión de Derechos Humanos del FA se pronunció, el 23 de noviembre de 2005, por la anulación de la ley. “En términos tanto jurídicos como políticos, la mejor solución a todos los aspectos vinculados con la impunidad es una ley de nulidad sobre la ley de caducidad”, afirma su resolución. Sin embargo, la misma resolución relativiza su alcance: mientras no se tenga “la certeza de que nuestra sociedad y nuestro sistema político están maduros para ello, se debe avanzar en todos aquellos planos que permitan ir abriendo brechas legales, paso a paso, que resulten en un avance contra la impunidad”.

Esta duda es uno de los elementos decisivos para quienes se oponen a seguir ese camino. La discusión es intrincada, entre otras cosas, porque se trata de un asunto en el cual están en clara contradicción “las dos biblias” con las cuales gobierna el presidente Vázquez: la Constitución y el programa del FA. La ley de caducidad es flagrantemente inconstitucional porque va contra el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque transfiere al Ejecutivo una facultad que es exclusiva y excluyente del Poder Judicial: la de administrar justicia. El Congreso del FA, en cambio, estableció que la ley de caducidad no sería modificada.

RAZONES. Los argumentos a favor y en contra de las dos posiciones son de distinto carácter: jurídicos, políticos y éticos. Algunos de ellos, en uno u otro sentido, parecen fundarse en razones de principios y otros en valoraciones que podrían calificarse de pragmáticas (por ejemplo, las que sostienen que es posible llegar a resultados similares por vías menos conflictivas). Por otro lado, es sin duda una cuestión de principios extinguir los efectos de una ley que no sólo se considera injusta, sino además nula desde el momento mismo de su aprobación, entre otras razones, por haber sido votada bajo presión, y porque, si bien fue ratificada en un referéndum, la ciudadanía se pronunció bajo el influjo del temor de una nueva ruptura institucional. Pero también son cuestiones de principios para un gobierno cumplir sus compromisos programáticos y no modificar las decisiones soberanas, más allá de que el juicio de la ciudadanía se haya producido hace casi 18 años y que las circunstancias políticas y el cuerpo electoral sean otros, a menos que haya un nuevo pronunciamiento popular que así lo indique.
El dilema no es de fácil solución. De ahí que en los últimos tiempos haya habido cambios de posición de dirigentes e incluso de sectores –por ejemplo, algunos que hoy postulan la anulación por parte del Parlamento, antes defendieron la necesidad de hacer una consulta a la ciudadanía– y que también se hayan manejado otras formas alternativas a la anulación o el mantenimiento de la ley de caducidad, como la sanción de una ley interpretativa. Y de ahí también que haya posiciones que, por lo menos a primera vista, pueden parecer eclécticas o poco jugadas.

BRECHA PAG. 9
Argumentos a favor de la anulación.


• La ley nació nula porque en diciembre de 1986 el Parlamento la aprobó bajo la presión de que se produciría un nuevo golpe si los militares eran juzgados, o por lo menos un desacato masivo al Poder Judicial ante la negativa de los oficiales citados a comparecer ante los jueces competentes. En abril de 1989 la ciudadanía la convalidó en el referéndum ante el mismo temor.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la oea, exige desde 1992 que la ley de caducidad quede sin efecto, por ser violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por Uruguay. Las explicaciones dadas por los sucesivos gobiernos han sido consideradas insatisfactorias y existe la posibilidad de que el caso sea sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría dictar una condena contra Uruguay.
• La sanción de una ley interpretativa que corrija los excesos en la aplicación que se practicaron durante 18 años, o una aplicación estricta de la ley de caducidad –como la que ha hecho el actual gobierno–, excluyendo de sus beneficios, como corresponde, a los civiles, a los mandos militares, a los delitos cometidos fuera del país, a los ocurridos antes del 27 de junio de 1973 y a los delitos permanentes, como las desapariciones forzadas, implican convalidar la vigencia de una ley que es inconstitucional, injusta y constituye una aberración jurídica.
• Hay por lo menos dos antecedentes de anulación de leyes posteriores a 1985. A la salida de la dictadura se anularon muchas de las que habían sido aprobadas por el Consejo de Estado. El otro antecedente fue el de una ley que, por error, se aprobó con pequeñas diferencias de texto en cada una de las dos cámaras. Una vez corregidas las versiones, la ley se aprobó nuevamente.
• Aunque la aplicación estricta de la ley de caducidad que está practicando el actual Poder Ejecutivo ha permitido el procesamiento de varios militares y civiles, hay casos que –por la interpretación de los magistrados actuantes– pueden quedar amparados por esa norma. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, el fiscal Enrique Moller entendió que la investigación no puede reabrirse porque ya fue archivada en función de lo resuelto por otro Poder Ejecutivo.

BRECHA PAG. 9
Argumentos en contra de la anulación.


• En el derecho público existen mecanismos para la derogación de las leyes –a cargo del Parlamento–, para declarar su inconstitucionalidad –a cargo de la Suprema Corte de Justicia– o para dejarla sin efecto (referéndum). No se prevén procedimientos para declarar la nulidad de una ley.
• La anulación, por su dudosa legalidad, daría lugar a interminables discusiones jurídicas y políticas. En cambio, su aplicación estricta, de acuerdo con los criterios seguidos hasta ahora por el Ejecutivo, ha sido pacíficamente aceptada, más allá del debate natural que puede generar cualquier decisión judicial.
• La convalidación de la ley por el referéndum de 1989, si bien no impide, desde el punto de vista jurídico, que pueda ser derogada por otra norma de igual jerarquía, le otorga un respaldo político importante. En ese sentido hay quienes opinan que la anulación exigiría la celebración de una nueva consulta a la ciudadanía. Es imposible realizar un nuevo referéndum contra la misma ley porque se han vencido, largamente, los plazos previstos para su convocatoria. La Constitución prevé el recurso de referéndum contra las leyes, pero no a favor de la aprobación de una ley. La única consulta posible a la ciudadanía sería que el oficialismo aprobara una ley de anulación, previo compromiso de promover él mismo un referéndum contra ella al solo efecto de consultar a la ciudadanía. Este procedimiento es de difícil comprensión pública. También podría impulsarse una ley de iniciativa popular que planteara la nulidad de la ley de caducidad y que fuera apoyada, en este caso, por más del 50 por ciento de la ciudadanía. Pero aun así, el proyecto no tendría efecto vinculante: en el Parlamento las leyes de iniciativa popular tienen el mismo trámite que un proyecto presentado por cualquier legislador. Además, en caso de aprobarse, la ley podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en base a que el instituto de la anulación no existe en el derecho público.
• El Congreso del FA, en diciembre de 2003, votó en contra de una propuesta que planteaba expresamente dejar sin efecto la ley de caduciad. De acuerdo con esa resolución, el programa del FA planteó la vigencia de la ley y su aplicación estricta (en contraposición a la aplicación extensiva que habían hecho los gobiernos anteriores). Y en consonancia con lo previsto en el programa, el presidente Vázquez se comprometió, en su discurso del 1 de marzo de 2005, a aplicar la ley de caducidad y a cumplir en especial lo dispuesto en su artículo 4 (investigación del destino de los desaparecidos). Anunció también, a título de ejemplo, que casos como el de la desaparición de María Claudia García de Gelman y los homicidios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz no estaban comprendidos en la ley de caducidad. Con estos antecedentes, cualquier procedimiento que dejara sin efecto la ley de caducidad implicaría un apartamiento de los compromisos electorales del FA y del presidente Vázquez.
• Según un principio de derecho penal, toda nueva norma es aplicable si favorece al reo y no lo es si lo perjudica. Aunque cese su vigencia, la ley de caducidad ya cumplió los efectos en ella previstos respecto de sus beneficiarios. Los defensores de la anulación sostienen que ésta, a diferencia de la derogación, equivale a que la ley nunca hubiese existido y, por consiguiente, no puede invocarse la no aplicación de una ley de nulidad.

BRECHA PAG. 11
La Armada impune. Nuevas revelaciones de un ex marino.


El ex marinero Daniel Rey Piuma reclama una investigación sobre la desaparición en Uruguay y el traslado a Argentina del montonero Oscar de Gregorio, una denuncia que ya tiene más de 20 años y que formuló ante organismos internacionales después de desertar de la Prefectura Naval.
Samuel Blixen

“Esa familia Orletti, ¿qué hizo?”, preguntó inocentemente monseñor Nicolás Cotugno, por entonces presidente de la Comisión para la Paz. Carlos Ramela y Gonzalo Fernández piadosamente bajaron la vista hacia los papeles que tenían delante. Para el invitado, Daniel Rey Piuma, la ignorancia eclesiástica era el elemento que faltaba para confirmar que la Comisión para la Paz se autolimitaba. Durante la entrevista, los dos principales investigadores, el representante del presidente Jorge Batlle y el representante de Tabaré Vázquez, descartaron sistemáticamente el registro de su testimonio, en lo que se refería a dos episodios ocurridos en Prefectura Naval, que implicaban dos desapariciones de ciudadanos argentinos en nuestro territorio y por lo menos un vuelo de traslado clandestino de prisioneros.

La información de esas desapariciones comprometía a oficiales de la marina que en esos momentos ocupaban diversos cargos de mando en el comando del arma; algunos de ellos permanecen hoy en actividad y otros tienen destinos diplomáticos. “Estaba y estoy dispuesto a sostener un careo con ellos”, dijo Rey Piuma a BRECHA la semana pasada, horas antes de su regreso a Holanda, donde reside.
En aquella comparecencia ante la Comisión para la Paz –que en principio Rey Piuma valoró que al gobierno le interesaba porque Batlle le asignó como custodia a dos oficiales de la Fuerza Aérea, para prevenir represalias–, Fernández y Ramela fueron explícitos en que fundamentalmente querían acceder a la documentación que Rey Piuma microfilmó entre 1977 y 1980 mientras sirvió como marinero en la División Investigaciones e Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval (DIPRE).
El marinero debió desertar en octubre de 1980 cuando los oficiales de la DIPRE se disponían a interrogarlo con los mismos métodos que habían aplicado a prisioneros políticos, particularmente de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Logró cruzar la frontera con Brasil llevando consigo el testimonio gráfico y la información secreta sobre los cuerpos (una veintena) aparecidos a lo largo de la costa uruguaya, inequívocos testimonios de los “vuelos de la muerte” de la Armada argentina, que aplicaba la “disposición final” arrojando prisioneros vivos desde aviones que sobrevolaban el Río de la Plata.
Rey Piuma denunció sistemáticamente, ante Amnistía Internacional, ante la Comisión de Derechos Humanos de la oea y ante organismos de las Naciones Unidas, las prácticas de terrorismo de Estado que él había presenciado en los lugares de tormento de la Prefectura o que había archivado como fotógrafo en el Departamento II (Laboratorio Técnico). Su testimonio detallado sobre torturas, desapariciones y operaciones de coordinación entre la Armada uruguaya y la argentina fue registrado en un libro que escribió en Ámsterdam en 1983, y que fue difundido en Uruguay en 1988 con el título Un marino acusa.

Rey Piuma aporta en el texto una descripción pormenorizada de la estructura represiva de la DIPRE, identifica a los oficiales y marineros que se involucraron en las torturas y cuenta dos casos referidos a ciudadanos argentinos apresados en Colonia que fueron entregados a la Armada argentina y que hoy permanecen desaparecidos.
Nada de eso fue consignado por la Comisión para la Paz. El ex marinero estima que la anulación de la ley de caducidad permitirá castigar a los oficiales que en la Prefectura Naval desplegaron una sistemática violación de los derechos humanos y que hoy ocupan puestos jerárquicos en la Armada. Sostiene que es necesario impulsar una investigación que confirme los numerosos indicios que identifican a la marina como el relevo del Ejército, a partir de 1977, en las operaciones represivas en Argentina. Reclama, porque ello encuadra en la interpretación que hace el gobierno de la ley de caducidad, una investigación sobre la desaparición de ciudadanos argentinos detenidos en nuestro país y está dispuesto a declarar, por vía consular o personalmente, para el caso de que la justicia abra un expediente sobre esas desapariciones.
Sugestivamente, en el escuálido e impreciso informe que el comandante de la marina, vicealmirante Tabaré Daners –que en la época de los acontecimientos revistaba en Fusileros Navales (FUSNA)–, entregó hace más de un año al presidente Tabaré Vázquez se admiten las detenciones de dos ciudadanos argentinos, que Rey Piuma había denunciado en sus testimonios iniciales. En 1983 el ex marinero no sabía aún el nombre de uno de ellos, el montonero Oscar de Gregorio –identificado en el informe–, y aún desconoce el del otro argentino –que Daners tampoco especifica debido a “la compartimentación estricta” en la estructura de los aparatos represivos navales–, un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo salvajemente torturado en la DIPRE.
OTRAS REVELACIONES. En su conversación con BRECHA, Rey Piuma aportó nuevos elementos sobre esa detención ocurrida en diciembre de 1977, y admitida por el Comando de la Armada. Todos los elementos coinciden con la denuncia sobre la desaparición de De Gregorio. Según Rey Piuma, el montonero argentino fue detenido cuando ingresaba a Uruguay por el puerto de Colonia. En la Prefectura del departamento se le quitaron los documentos, que fueron enviados a Montevideo, al sospecharse que eran falsos. El detenido adujo que era un representante de una firma comercial y mostraba al efecto una maleta con muestras de artículos de ferretería.

A la semana fue trasladado a Montevideo, pero en un primer momento no fue torturado. Quedó alojado en un pasillo de las dependencias de inteligencia. Comía en el casino de tropa y se le permitió incluso bañarse y afeitarse cada dos días. Los oficiales no sabían qué hacer con él –se había solicitado información a la embajada uruguaya en Buenos Aires, pero no hubo respuesta– y ello generó una situación insólita: tomaba mate, jugaba a las cartas e incluso en la guardia de fin de semana llegó a atender el teléfono. El aplomo del detenido cambió cuando fue encapuchado mientras militantes del PCR (Baccino y Hermida, entre ellos) eran sistemáticamente torturados en las mismas dependencias.
La situación se modificó radicalmente cuando se comprobó que sus huellas dactilares no coincidían con las de su documento de identidad. El cabo de segunda José Castro fue enviado de urgencia a Buenos Aires y regresó al día siguiente con documentos del Servicio de Inteligencia de Prefectura Naval Argentina (SIPNA). Horas después, el detenido fue vendado y trasladado hasta la base aérea contigua al aeropuerto de Carrasco. Rey Piuma confirma que en el traslado participaron los tenientes Eduardo Craigdallie y Daniel Maiorano, el cabo Castro y el marinero Héctor Silvera. Dos meses después, el cabo Aparicio Rodríguez –que había integrado una comitiva de la Sipre que visitó las instalaciones del SIPNA en Buenos Aires– comentó que el detenido había sido identificado como un jefe montonero y que sus colegas argentinos le habían informado que lo habían asesinado poco después del traslado.
La versión de Rey Piuma coincide con el testimonio aportado por Rosario Evangelina Quiroga, ciudadana argentina que junto con otros cuatro montoneros fue detenida en Lagomar, en diciembre de 1977, en un operativo en el que murieron dos personas, Susana Matta de Barri y Alejandro Barri, y fueron secuestradas tres niñas. Quiroga refirió que los sobrevivientes del operativo fueron trasladados en un avión militar y conducidos hasta la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí, mientras era torturada, logró conversar con De Gregorio, quien le refirió su detención en Colonia y su permanencia en la Prefectura de Montevideo. De Gregorio intentó una fuga, fue seriamente herido y falleció en el Hospital Naval sin que se le prestara asistencia.
Aunque aún no hay elementos que prueben la participación de oficiales navales uruguayos en la captura de Lagomar y el traslado clandestino de los detenidos a Buenos Aires, una investigación judicial sobre la desaparición de De Gregorio podría cubrir las lagunas del informe del vicealmirante Daners sobre el papel de la marina uruguaya en la coordinación represiva y la responsabilidad directa de quien fuera entonces el jefe de la DIPRE, Álvaro Diez Olazábal.
Rey Piuma afirma que tiene un sentimiento de frustración. Su testimonio –“yo vi personalmente cómo torturaban el capitán Uruguay Sánchez, los tenientes Craigdallie, Maiorano y Ernesto Serrón”– no impidió que en su momento algunos de ellos fueran designados en misiones diplomáticas en el exterior. Craigdallie fue propuesto para un destino en la embajada uruguaya en Argentina, y Serrón fue designado en Inglaterra. Cuando organismos de derechos humanos elevaron la denuncia sobre sus antecedentes, se argumentó que el testimonio de Rey Piuma no constituía una prueba.
Rey Piuma teme que en los hechos se extienda en Uruguay el criterio, en su momento esgrimido en Argentina y Chile, de la “obediencia debida”; por ello anuncia que está dispuesto a impulsar, en Londres, una campaña de denuncia sobre las prácticas de terrorismo de Estado que el entonces teniente Serrón aplicó en la Prefectura. “Soy consciente de que el Estado nunca se muerde la cola; se preserva a sí mismo. Hoy el Estado sigue premiando a aquellos que utilizó para castigar a los ‘revoltosos’ y aquellos que eran ‘revoltosos’ siguen siendo castigados, de alguna manera, mientras no se elimine la impunidad”, concluye.

CARAS Y CARETAS PAG. 13
El juez dice que hay pruebas inequívocas.

"El cúmulo de indicios relacionado prueba inequívocamente la intervención del gobierno uruguayo y particularmente del ex canciller (Juan Carlos) Blanco en un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte, con la intervención directa de fuerzas militares argentinas, de los ex legisladores (Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz) y del matrimonio (William) Whitelaw - (Rosario) Barredo, ultimados en el mismo procedimiento", dice en su histórica sentencia el juez penal Roberto Timbal. Figuras importantes en la resistencia a la dictadura uruguaya, los cuatro fueron asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976. Recuerda asimismo que cuando se conocieron los hechos el gobierno dictatorial no formuló "ninguna protesta ni pedido oficial de investigación", y "cuando se hallaron los cuerpos, se hizo todo lo posible para desvirtuar la gravedad de lo ocurrido, se emitió un comunicado recalcando la actitud de requerido de Gutiérrez Ruiz y (el dictador Juan María) Bordaberry firmó una nota de felicitaciones al policía que impidió que se colocara el pabellón nacional sobre su féretro" en la ceremonia de sepelio en un cementerio de Montevideo. El juez agrega que "la propia inclusión de los hechos investigados (dentro de la ley de caducidad de 1986) por parte del ex presidente (Julio María) Sanguinetti, confirma la opinión del gobierno de que la operación se ejecutó por militares o policías, por móviles políticos, y en ejecución de órdenes de los mandos".


CARAS Y CARETAS PAG. 14
En el vientre del Cóndor. CON EL ABOGADO PARAGUAYO MARTIN ALMADA.


Desde Asunción, el hombre que demostró la existencia del Plan Cóndor dialogó con CARASyCARETAS y adelantó parte de la documentación que presentará ante el juez Roberto Timbal el lunes 11 y que involucra al ex dictador Juan María Bordaberry.

NELSON DÍAZ
Martín Almada, que este lunes 4 dará una conferencia sobre Derechos Humanos en el Centro Cultural España, investigó durante 15 años miles de documentos que prueban la conexión entre Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur en la operación conocida como Plan Cóndor. En realidad, se enteró de la existencia del operativo a través de un comisario durante su prisión política, acusado por los esbirros de Strossner de "terrorista intelectual". Lo que sigue es parte de la entrevista vía telefónica.

¿Cómo llegó a acceder a la documentación?
Yo descubrí el Cóndor en el vientre del Cóndor. Me informé de la existencia de este plan estando en la cárcel. Fui preso político y víctima del Plan Cóndor. En 1974 me gradué en la Universidad de la Plata de Argentina y presenté una tesis. En ella sostenía que en Paraguay la educación sólo beneficia a las clases dominantes y está al servicio del subdesarrollo y la dependencia. Entonces la Policía argentina transmite a la Policía paraguaya el texto de mi tesis. Apenas arribo a Asunción soy secuestrado y me llevan ante un tribunal militar integrado por agregados militares de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Ahí me torturan militares de Chile y de Argentina. Estuve treinta días en la cámara de tortura a merced de estos genocidas. Después me trasladan a una comisaría que también funciona como oficina de Interpol. Y subrayo Interpol porque este detalle luego va a tener consecuencias y va a ser prueba fundamental de la coordinación y existencia del Cóndor.

¿Qué ocurre en esa 'oficina' de Interpol?
Allí estábamos confinados cuarenta y tres prisioneros políticos y un día descubrimos que los torturadores tenían un apartado donde iban a desestresarse luego de las sesiones de tortura. Jugaban al ping pong y fútbol de salón. A diferencia de Uruguay y de Argentina, en Paraguay los torturadores actuaban a cara descubierta. Los conocíamos a todos, sabíamos sus nombres. Hasta que un día llega preso un comisario, de apellido Mancuello, que tenía su hijo estudiando en la Universidad de la Plata de Buenos Aires e integraba el Centro de Estudiantes de la Plata. El comisario le informó a la Policía política que su hijo era subversivo. Eel comisario terminó preso con nosotros y a su hijo, cuando llega a Paraguay, lo ejecutan. En ese momento yo quería saber dos cosas: cómo mataron a mi esposa, porque me habían dicho que se había suicidado; y en segundo lugar, quería saber por qué militares argentinos y chilenos me torturaron.

LA BÚSQUEDA
¿Cómo llega a averiguar la presencia de esos militares extranjeros en Paraguay?
Porque se lo pregunté al comisario Mancuello y él me respondió: "Estamos en la guerra del Cóndor". Le pregunté qué quería de decir con eso y me dio dos apellidos: Pinochet y Contreras. Esto fue en abril o mayo del 75. Este comisario había integrado el equipo de Radio y Telecomunicación de la Policía. Era él quien recibía todos los telex, por lo tanto estaba informado de todo. Empecé a preguntarle sobre el Plan Cóndor y me respondía con evasivas. Hasta que un día me dijo: "Si sales vivo de aquí, Martín Almada, lo que tienes que hacer es leer la revista policial". Me explicó que era una publicación de los servicios secretos y represivos que se distribuía en esferas gubernamentales. Ahí está todo, sólo hay que saber leerla entre líneas. Hice una huelga de hambre de veinte días y después fui liberado.

Y ahí comenzó su búsqueda.
Me fui a Panamá donde me contrató la ONU como consultor para América Latina en París. Estuve quince años en la Unesco en la capital francesa y en mis horas libres comencé a buscar esas revistas policiales, las conseguí e identifiqué tres posibles lugares en Paraguay donde podrían estar los documentos. Culminada la dictadura en mi país, se cambia la Constitución y aparece una figura que se llama Habeas Data. Entonces le solicito al juez que le pida a la Policía mis antecedentes. La Policía le responde al Juzgado que yo no tengo antecedentes, que nunca estuve preso. Pido entonces al juez que se allane el archivo de la Policía. Eso se hace público y recibo días después un llamado de una mujer que me dice "profesor, sus antecedentes están fuera de Asunción". Finalmente, esa informante me trajo un plano del operativo Cóndor que le entregué al juez. El 22 de diciembre de 1992 encontramos toneladas de documentos que contienen pruebas de la represión en Paraguay desde 1929 hasta 1989. Es decir, sesenta años de represión. Y ahí están los papeles del Cóndor. Y, lógicamente, aparece Uruguay que fue parte de este operativo.

LAS PRUEBAS
¿Qué documentos va a entregar al juez Timbal?
Voy a llevarle varios documentos, pero no puedo adelantarte su contenido, por un tema de respeto a la Justicia. Luego te lo diré con gusto.

De acuerdo, ¿pero traerá información sobre la tortura a la que fue sometido Uberfil Monzón?
Exacto, voy a llevar eso; pero aún -y te pido disculpas-, no puedo adelantar nada.

¿Qué reflexión le merece el procesamiento de militares y civiles implicados en las dictaduras que padeció la región?

Me parece muy bien, pero para mí el Cóndor sigue volando. Están los casos de Julio López en Argentina y el del periodista compatriota Enrique Galeano, desaparecido desde el 4 de febrero. Nosotros descubrimos otros documentos, fechados en abril del 97, en democracia, donde un militar paraguayo le dice a uno ecuatoriano "Aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos para ingresarla a la lista de los subversivos de América Latina". También tengo documentos de inercambios de listas de subversivos entre Menem y Pinochet en una reunión que tuvieron en Bariloche. Otros documentos fechados en el 99 en una reunión realizada en La Paz. En el 2001 se reúnen en Santiago de Chile. Por eso digo que el Cóndor sigue volando.

"TENGO DOCUMENTOS DE INTERCAMBIO DE LISTAS DE SUBVERSIVOS ENTRE MENEM Y PINOCHET Y OTROS DOCUMENTO FECHADOS EN EL 99 Y EN EL 2001. POR ESO DIGO QUE EL CÓNDOR SIGUE VOLANDO."

Pablo Casartelli Correa
pcasartelli6@hotmail.com
 

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