Perù
Derechos humanos de la mujer
En memoria de María Elena Moyano

Las mujeres peruanas como todas las mujeres del mundo han venido reclamando sus derechos a través de la historia. Durante las últimas décadas su fuerza  se ha multiplicado. Algunas trabajan por sus familiares "desaparecidos", muertos o torturados; otras son activistas comunitarias que luchan por  derechos básicos; unas son abogadas que buscan justicia para las que no  tienen quien las represente; otras hacen campaña contra la violencia  doméstica, o en favor de un trato igualitario en el trabajo.

En 1993, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó inequívocamente  que los derechos de la mujer son derechos humanos. Gracias al gran número de mujeres activistas que participaron en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Viena en junio de 1993, los derechos de la mujer ocuparon un lugar importante en el programa de trabajo. La Declaración de Viena adoptada en la Conferencia afirma que: "La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide encarecidamente que se conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para los Gobiernos y para las Naciones Unidas"[ Declaración de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, A/CONF.157/23, cláusula 36, 12 de julio de 1993.].

Asegurar que los derechos humanos de las mujeres sean tomados en serio también ha sido enfatizado en la Declaración de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, aprobada en
Pekín, China, el 15 de septiembre de 1995. La Declaración establece que "los derechos de la mujer son derechos humanos" [Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, A/CONF.177/20, párr. 124, 17 de octubre de 1995].
Las mujeres en el Perú han pedido reiteradamente justicia, protestado contra la discriminación, reclamado sus derechos, llorado a sus compañeros muertos o falsamente encarcelados y consolado a sus hijas violadas. Esta ola de valor, creatividad y compromiso se ha estrellado muy a menudo contra un muro de indiferencia y en ocasiones contra la cruel represión del gobierno o de grupos alzados en armas que adoptan métodos de represión y terror para conseguir sus objetivos.

Este informe, Perú: Derechos humanos de la mujer. En memoria de María Elena Moyano, tiene como propósito recordar la voz de María Elena Moyano, asesinada hace cinco años por miembros del Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso), y su importante lucha para asegurar que los derechos de la mujer sean respetados. A pesar de su gran labor, a cinco años de la muerte de María Elena Moyano todavía hay mucho por recorrer para garantizar a las mujeres sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

En concreto, el mandato de actuación de Amnistía Internacional consiste en oponerse a un conjunto de violaciones del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como del derecho a la libertad de expresión y de consciencia y a no ser discriminado. Aunque trabaja en favor de unos derechos humanos específicos, Amnistía Internacional considera que todos los derechos humanos son indivisibles. Las mejoras en los derechos civiles y políticos facilitan la mejora de los derechos sociales, económicos y culturales. Es con esta premisa que Amnistía Internacional basa su labor en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En el Perú Amnistía Internacional está seriamente preocupada, entre otros, por los cientos de casos de "presas y presos inocentes" [ Estas son personas que han sido injustamente acusadas de delitos de terrorismo sin que haya evidencia fehaciente que los vincule con los grupos alzados en armas y sin que hayan usado la violencia o propugnado su uso. Amnistía Internacional considera que son presos y presas de conciencia. ] que se encuentran detenidas en las cárceles peruanas desde que entró en vigor en 1992 la actual legislación antiterrorista, que conlleva a que todos los juicios relacionados con delitos de terrorismo violen las normas internacionales relativas a un debido proceso. Además la organización continúa recibiendo
informes de tortura y malos tratos por agentes de las fuerzas de seguridad. Muchas de las víctimas de estas violaciones de derechos humanos son mujeres.

Amnistía Internacional es consciente que durante los últimos años las violaciones de derechos humanos en el Perú que caen dentro de su mandato se han producido entre abusos generalizados protagonizados por los grupos alzados en armas. Amnistía Internacional, sin embargo, cree que la clase de abusos cometidos por estos grupos no puede justificar nunca las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades que la organización continúa documentando en el Perú. La organización condena inequívocamente los abusos de derechos humanos perpetrados por los grupos alzados en armas y les exhorta a que respeten y acaten sin reservas las normas internacionales del derecho humanitario.

Asimismo, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades peruanas a asegurar que las violaciones de derechos humanos contra las mujeres cesen y garanticen medidas para proteger y promover sus derechos humanos. Perú se ha comprometido a poner en práctica la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer. En este sentido las autoridades deben reafirmar en la teoría y en la práctica que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales [Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Doc. ONU, A/CONF.177/20, párr. 124, 17 de octubre de 1995.].

El Perú ya ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El gobierno
deberá garantizar la aplicación completa y eficaz de estos tratados internacionales y de otros instrumentos que amparan los derechos humanos de la mujer como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, Amnistía Internacional nota que en noviembre de 1996 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los Estados parte, en sus observaciones finales al tercer informe periódico del Gobierno del Perú, lamentó "la falta de información precisa y completa sobre la situación jurídica de la mujer y sobre el goce por esta de los derechos consagrados en el Pacto, en particular en los que se refiere a su capacidad legal, la incidencia de la violencia y del abuso sexual contra las detenidas o presas, las restricciones de derecho y de hecho en el área laboral y los efectos de leyes y programas recientes dirigidos a solucionar el problema de la violencia contra ellas." [ Doc. ONU, CCPR/C/79/Add.72, párr. 13, 8 de noviembre de 1996.]. En este contexto el Comité expresó su deseo de que "en su próximo informe periódico, el Perú incluya información sobre el progreso que se haya hecho para lograr para las mujeres del Perú el pleno goce de los derechos consagrados en el Pacto, particularmente en las áreas de preocupación del Comité e información detallada sobre el modo en que el Estado cumple con las disposiciones del artículo 10 del Pacto." [ Doc. ONU, CCPR/C/79/Add.72, párr. 25, 8 de noviembre de 1996. El artículo 10 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que: "Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."].

En su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 1996 el presidente Alberto Fujimori informó que "[]tampoco hemos olvidado que las mujeres peruanas tienen que ser dueñas de su destino[...] Por eso insistiremos en nuestro apoyo a las mujeres organizadas de los sectores populares del campo y la ciudad". También en 1996 se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y de Desarrollo Humano, un paso importante para asegurar se respeten los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, el éxito de este ministerio y las palabras del presidente sólo podrán ser evaluadas ante la realidad misma que todas las mujeres peruanas enfrentan.

En memoria de María Elena Moyano

 

"Las mujeres organizadas...están...enseñando cómo construir democracia desde abajo, demostrando que no sólo pueden sobrevivir sino que pueden impulsar iniciativas orientadas a la generación de nuevos empleos, contribuyendo así al desarrollo nacional y a la posterior transformación social. Son las mujeres las que cotidianamente forjan la unidad porque saben que sólo unidas podrán proporcionar bienestar a sus hijos," (María Elena Moyano)
Diana Miloslavich Túpac (Editora), María Elena Moyano: En Busca de una Esperanza, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Lima 1993, p. 65.
María Elena Moyano hizo estas declaraciones [Diana Miloslavich Túpac (Editora), María Elena Moyano: En Busca de una Esperanza, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Lima, 1993, p.65.] unos meses antes de haber sido asesinada. Hace cinco años, el 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano fue asesinada y su cuerpo dinamitado por miembros del Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) en el asentamiento humano joven de Villa El Salvador, en Lima Metropolitana [Villa El Salvador es un asentamiento humano establecido por campesinos provenientes del interior del Perú. A lo largo de su historia la población de Villa El Salvador ha desarrollado iniciativas en torno a cuestiones de salud, educación y producción.].En la fecha de su muerte María Elena Moyano era Teniente Alcaldesa de su distrito [ María Elena Moyano fue elegida Teniente Alcaldesa en 1989. Pertenecía a Izquierda Unida, una coalición de partidos políticos legalmente constituidos. Militantes de Izquierda Unida han sido asesinados o "desaparecidos" por miembros de las fuerzas de seguridad o muertos por miembros de Sendero Luminoso.] A comienzos de la década de los 80 María Elena Moyano jugó un papel importante en establecer la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES), creada en 1983, que incluía entre su mandato "revalorar el papel de la mujer, capacitarnos, promocionarnos y autovalorarnos" [ Diana Miloslavich Túpac (Editora), Op. Cit.,p. 25.]. María Elena Moyano fue elegida como presidenta de FEPOMUVES por dos periodos. A su muerte tenía el cargo de asesora de la Federación.
En respuesta a la pobreza y al desempleo las mujeres de FEPOMUVES crearon comedores populares. "Primero nos organizamos para poder llenar una olla común y así alimentar a nuestros hijos, pero después nos planteamos también el reto de la solidaridad. Así, entre vecinas, nos íbamos identificando con problemas de una u otra"[ Ibid., p. 33.]. Para 1987 FEPOMUVES había logrado obtener la dirección del Programa de Vaso de Leche para el distrito [ En 1985 se promulgó la Ley N° 24,059 que dispone que en el presupuesto general
del país se debe considerar una parte que permita dar un vaso de leche diario a todos los niños del país.].

Durante la misma década en la que María Elena Moyano y las mujeres de Villa El Salvador se convertían en protagonistas de su propio destino, Sendero Luminoso comenzó sus acciones armadas. Además de dirigir operaciones armadas contra las fuerzas de seguridad, Sendero Luminoso ha dado muerte a miles de civiles y con frecuencia ha torturado y matado a sus prisioneros. Desde su primera acción violenta en mayo de 1980 en la localidad de Chuschi, departamento de Ayacucho, Amnistía Internacional ha venido recibiendo con regularidad informes de atrocidades atribuidas a Sendero Luminoso.

La mayoría de las víctimas han sido miembros de comunidades campesinas sobre los que recaía la sospecha de colaboración con las fuerzas armadas, o que se habían negado a unirse o dar apoyo a Sendero Luminoso. Además Sendero Luminoso ha dado muerte a activistas de base, expresando con ello su oposición a proyectos sociales y de desarrollo distintos a los de su línea política. Con frecuencia se les ha dado muerte tras simulacros de juicio realizados ante los vecinos congregados por la fuerza. Entre las víctimas ha habido también cientos de alcaldes y otras autoridades regionales, líderes populares, agrónomos, ingenieros y administradores que trabajaban en proyectos de desarrollo independientes o gubernamentales. Los activistas
sindicales y políticos que no han apoyado la ideología y las prácticas de Sendero Luminoso también han sido amenazados de muerte o asesinados de manera sistemática. Muchas de estas víctimas han sido mujeres.

Cuando el presidente Fujimori asumió el poder por primera vez en julio de 1990 [ En julio de 1995 Alberto Fujimori asumió la presidencia una segunda vez. Su segundo término expira en el año 2000.] Sendero Luminoso había extendido su esfera de influencia desde el interior del país a Lima Metropolitana. Entre 1990 y 1992 realizaron acciones armadas en Lima que pusieron en duda la capacidad de supervivencia del Estado peruano.

Sendero Luminoso ha consignado claramente su oposición al concepto de derechos humanos en un documento interno que analiza la estrategia contrainsurgente del gobierno desarrollada durante la administración del presidente Fujimori. El documento, titulado "Sobre las dos colinas: la guerra antisubversiva y sus aliados", fue escrito en 1991, al parecer, casi íntegramente por Abimael Guzmán, el máximo dirigente de Sendero Luminoso [ Abimael Guzmán fue detenido en septiembre de 1992, acusado de traición a la Patria y sentenciado a cadena perpetua.]. En relación con los derechos humanos, el documento sostiene:

"Partimos de que no nos adscribimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tampoco a la de Costa Rica [Convención Americana sobre Derechos Humanos]. La posición [de Sendero Luminoso] es bien clara, rechazamos y condenamos los derechos humanos porque son derechos burgueses, reaccionarios, contrarrevolucionarios; son hoy arma de revisionistas e imperialistas, principalmente del imperialismo yanki."

En 1991 el órgano de prensa de Sendero Luminoso El Diario [ El Diaro circuló hasta mayo de 1992, cuando fue declarado ilegal.] también atacó a FEPOMUVES y a María Elena Moyano, quien al respecto comentó "Decían que somos un colchón del sistema y que no reivindicamos ni revaloramos a la mujer, porque ésta se emancipa sólo con la guerra. Que somos asistencialistas. Que yo soy una 'revisionista' y estoy manipulando a las mujeres." [ Diana Miloslavich Túpac (Editora), Op. Cit., p 49.]. El 9 de septiembre de 1991 Sendero Luminoso dinamitó uno de los centros de FEPOMUVES que abastecía a 90 Comedores Populares. La respuesta de María Elena Moyano a dicho ataque fue "Las mujeres tenemos mucha fortaleza. Nosotras creemos en lo que estamos construyendo; no hay que tener miedo. Buscamos el bienestar de la gente, la solidaridad, la justicia. Más bien hay que discutir con la gente de 'Sendero'. Yo lo he hecho. Les digo que si están dispuestos a entregar su vida en la lucha por el desarrollo, por la justicia, mucha gente también lo está, pero sin el terror y el asesinato." [ Ibid., pp. 51-52.].

A pesar de estas palabras, o probablemente debido a ellas, Sendero Luminoso optó por asesinar a María Elena Moyano en presencia de sus dos hijos, Gustavo y David, mientras asistía a un evento de uno de los Comités del Vaso de Leche en Villa El Salvador.

María Elena Moyano no ha sido la única mujer dirigente de base que Sendero Luminoso ha asesinado o intentado asesinar. El 31 de agosto de 1991 Juana López León, coordinadora general del Vaso de Leche del asentamiento humano "Juan Pablo II" del Callao, Lima Metropolitana, fue asesinada en las primeras horas de la mañana cerca de su domicilio.

Meses después de este atentado Emma Hilario, dirigenta de la Comisión Nacional de Comedores, tuvo que exiliarse porque Sendero Luminoso la atacó a balazos en su casa en el asentamiento humano Pamplona Alta, Lima Metropolitana, el 31 de diciembre de 1991.

En 1992, con la aplicación de la nueva estrategia antisubversiva del presidente Fujimori y la detención de los cuadros dirigentes de Sendero Luminoso, este grupo comenzó a sufrir reveses muy importantes. El encarcelamiento de los líderes de Sendero Luminoso y de cientos de sus activistas llevó a Abimael Guzmán y otros dirigentes de la organización a pedir conversaciones con el gobierno con la finalidad de alcanzar un acuerdo de paz. Hasta la fecha el gobierno las ha venido rechazando.

La propuesta de un acuerdo de paz formulada desde la cárcel por los dirigentes de Sendero Luminoso parecería haber causado una escisión de grandes proporciones entre las filas de la organización. Una facción
conocida como "Sendero Rojo" ha declarado repetidamente que continuará la campaña armada.

El 6 de marzo de 1996 Pascuala Rosado Cornejo fue asesinada por adherentes a la línea de Sendero Rojo, a unas cuadras de su vivienda, en el asentamiento humano de Huaycán, distrito Ate Vitarte, Lima. Pascuala Rosado y su familia estuvieron entre las primeras familias que se instalaron en Huaycán en julio de 1984. Desde su llegada Pascuala Rosado organizó Comedores Populares en su localidad y ocupó cargos dirigenciales, siendo elegida en 1991 Secretaria General del Consejo Ejecutivo Central de Huaycán. En 1993 Pascuala Rosado se refugió en Chile porque había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por Sendero Luminoso. Decidió regresar en 1995. Meses después fue asesinada.

Violaciones de los derechos humanos de la mujer

La labor de María Elena Moyano, de FEPOMUVES y de todo el movimiento peruano de mujeres ha sido fundamental en la defensa de los derechos de la mujer y en las campañas para que el gobierno se adhiera a las normas internacionales que refuerzan la idea de que los derechos de la mujer son derechos humanos.

Es así que en 1982 Perú ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 1993 apoyó la aprobación de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en 1996 ratificó la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

A nivel nacional, a finales de 1993 el presidente Fujimori promulgó una ley que propone eliminar la violencia doméstica mediante, entre otros, la creación de mecanismos jurídicos eficaces para las víctimas de la violencia doméstica, la apertura de comisarías con personal femenino en las partes del país que las necesiten y la promoción del establecimiento de refugios de mujeres para las víctimas.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos realizados por las autoridades peruanas al fomentar medidas legislativas tanto nacionales como internacionales para la protección de los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, la organización considera que estas medidas legislativas se deben de ver respaldadas por medidas administrativas y de carácter práctico que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer. En este contexto preocupa especialmente a la organización que las autoridades peruanas no han puesto en práctica medidas firmes y eficaces para prevenir la violencia contra la mujer perpetrada o tolerada por oficiales del Estado. Cientos de mujeres y hombres en el Perú continúan injustamente encarcelados por delitos de terrorismo, miles más no han recibido un debido proceso, el uso de la tortura continúa siendo sistemático y casos de desaparición forzada y posibles ejecuciones extrajudiciales siguen siendo documentadas por la organización.

En 1992 entró en vigor una nueva legislación antiterrorista en el Perú promulgada por el presidente Fujimori y su Consejo de Ministros quienes en aquel entonces gobernaban al país por decreto ley. Las autoridades afirmaron que esos decretos resolverían algunos de los principales problemas que se habían enfrentado en la lucha contrainsurgente, como la aparente incapacidad judicial a la hora de asegurar la condena de presuntos miembros de los grupos alzados en armas y la levedad - en opinión del gobierno - de las pocas penas obtenidas. Amnistía Internacional ha venido expresando preocupación por los efectos que han tenido en materia de derechos humanos las leyes antiterroristas, dado que éstas no se ajustan a las normas internacionales sobre el debido proceso. Bien es cierto que se han hecho algunos esfuerzos para corregir esta situación. El Congreso ha aprobado enmiendas a la legislación anti-terrorista en cuatro ocasiones diferentes [ Véase el informe de Amnistía Internacional Perú: Los Presos Inocentes, AMR 46/09/96/s, mayo 1996, Apéndice 1.].

Sin embargo, el hecho de que las personas acusadas del delito de traición a la Patria -uno de los delitos de terrorismo tipificados en esta legislación- deban ser transferidas a la jurisdicción militar; el hecho de que se prohíba que los militares y policías que participan en la detención y el interrogatorio de los acusados comparezcan como testigos ante los tribunales; y el hecho de que estos juicios se lleven acabo ante "jueces sin rostro" y no sean públicos, son algunas de las características de estas leyes que siguen socavando las normas internacionales del debido proceso [ Para un análisis de las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación a la legislación antiterrorista, veánse los informes de Amnistía Internacional Perú: Los Presos Inocentes, AMR 46/09/96/s, mayo 1996; y Perú: El gobierno sigue manteniendo procedimientos judiciales injustos, AMR 46/25/96/s, diciembre 1996. ].

La organización considera asimismo que esta legislación facilita el encarcelamiento de personas que han sido acusadas sin fundamento de delitos relacionados con el terrorismo sin que exista prueba fehaciente que las vincule con grupos alzados en armas y sin que hayan usado la violencia ni propugnado su uso. Amnistía Internacional considera que estas personas, conocidas en el Perú como "presos y presas inocentes", son presos de conciencia.

Desde que entró en vigor la legislación antiterrorista Amnistía Internacional ha adoptado a 133 personas como presos de conciencia. Veinticuatro han sido mujeres. Estas cifras no representan sino una pequeña fracción del probable total de presos y presas de conciencia en el Perú. En su último informe anual sobre los derechos humanos en el Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) afirma que de las 1490 personas injustamente procesadas o condenadas por delitos de terrorismo entre mayo de 1992 y diciembre de 1996, 836 habían recuperado su libertad y 554 permanecían encarceladas [ Véase Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú en 1996, Lima, febrero de 1997. La CNDDHH es un organismo no gubernamental que reúne a 47 organizaciones de derechos humanos en el Perú. Estas organizaciones han asumido la defensa de 1490 personas privadas de su libertad y de 29 personas que se encuentran en calidad de "ausentes", todas injustamente acusadas de delitos de terrorismo.].

En agosto de 1996, el Congreso aprobó una ley creando una Comisión ad hoc encargada de proponer al Presidente de la República que los "presos inocentes" a la espera de juicio se beneficiaran del derecho de gracia, y que los que habían sido condenados fueran indultados, lo cual tendría como resultado su puesta en libertad. Hasta el 7 de diciembre de 1996 habían sido puestos en libertad 110 presos y presas acusados injustamente de delitos relacionados con el terrorismo tras una revisión de sus casos por la Comisión ad hoc.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la liberación de todos estos presos y presas. No obstante, a la organización le sigue preocupando que no se hayan beneficiado de una revisión judicial que lleve a la suspensión de los cargos contra los que estaban a la espera de juicio, o a la anulación de la condena a los ya procesados. El hecho de que no se hayan beneficiado de una revisión judicial tiene consecuencias para su situación civil porque significa que los excarcelados retienen antecedentes penales infundados. La organización además está preocupada porque no se ha dispuesto que todos los que han sido detenidos arbitrariamente reciban una adecuada compensación por los sufrimientos que han padecido durante su arbitraria y prolongada detención.

Por otra parte, desde el 7 de diciembre de 1996 no han sido liberados otros presos y presas injustamente detenidos en las cárceles por delitos de terrorismo [ El 14 de febrero de 1997 el Congreso de la República aprobó un segundo plazo de 180 días de vigencia para la Comisión ad hoc. Amnistía Internacional acogió con satisfacción esta noticia. El propio Presidente Fujimori en una entrevista al diario Le Monde de Francia informó el 12 de febrero de 1997 que aún quedaban "unos doscientos inocentes" en las cárceles peruanas.]. Son cientos los presos y presas injustamente acusados de delitos de terrorismo que continúan encarcelados en el Perú.

Por ejemplo, Mirtha Ira Bueno Hidalgo, estudiante de derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, fue detenida el 12 de noviembre de 1995 cuando se encontraba votando para las elecciones municipales de Lima. En 1992 Mirtha Ira Bueno Hidalgo ya había sido absuelta de delitos de terrorismo por la Corte Superior de Lima y puesta en libertad después de 2 años de injusta prisión. Según la información que recibió Amnistía Internacional, durante su primera detención el atestado policial señalaba que se había detenido a Mirtha Ira Bueno mientras se encontraba pegando pancartas y afiches "subversivos" con otros dos compañeros y que se habían encontrado manuscritos con temas marxistas-leninistas en su domicilio. Sin embargo, la Corte Superior de Lima decidió que los hechos incriminatorios no se habían demostrado. Los manuscritos que se encontraron en su domicilio eran notas sobre la obra del pensador español de principios del siglo XX, José Ortega y Gasset, y se comprobó que no había sido detenida pegando pancartas y afiches tal y como la policía señalaba. Sin embargo, en marzo de 1994 la Corte Suprema de Justicia anula la sentencia absolutoria que había emitido la Corte Superior en 1992 y ordena que se le haga un nuevo juicio.

Es así que dos años después de haber sido absuelta, Mirtha Bueno fue detenida una vez más el 12 de noviembre de 1995 y en su segundo juicio sentenciada a 12 años de pena privativa de libertad. La Corte Superior basó su condena en los mismos alegatos no demostrados con los cuales había sido absuelta en 1992 pero en este segundo juicio se usaron como elementos probatorios de su culpabilidad.

Amnistía Internacional considera que Mirtha Bueno es una presa de conciencia porque ha sido injustamente acusada de las acciones y creencias que se le imputan, ya que no existe evidencia fehaciente que la vincule con los grupos alzados en armas y no ha usado ni abogado por la violencia. La organización exhorta a las autoridades peruanas a que se le libere inmediata e incondicionalmente, se le anule su condena y se le compense por su arbitraria detención.

Además de los cientos de los actuales y posibles presos y presas de conciencia que se encuentran encarcelados en el Perú y de la falta del derecho a un debido proceso para todos aquellos acusados de delitos de terrorismo, Amnistía Internacional tiene otras preocupaciones en el Perú.

La organización ha documentado miles de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad desde 1980. Sólo en un número reducido de ellos se ha obligado a los responsables a responder por sus actos ante la justicia. En efecto, la mayoría de los responsables gozan de total impunidad.

La impunidad, que da alimento a un círculo vicioso de violencia en el que las violaciones de derechos humanos quedan sin castigo, es una condición institucionalizada en el Perú desde hace más de una década. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias observó, en su informe sobre la visita que realizó al país en 1993, que existen pruebas convincentes de que la "institucionalización de la impunidad en el Perú [es uno de ] los principales problemas en relación con [la falta de respeto por] el derecho a la vida" [ Doc. ONU,E/CN.4/1994/7/Add.2, párr. 93. ]. Amnistía Internacional considera que la impunidad niega los valores de verdad y justicia y propicia que se cometan más violaciones de derechos humanos. Impedir que la verdad salga a la luz y que no se atribuyan responsabilidades penales es inaceptable. Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen derecho a conocer  la verdad y a recibir una reparación justa y adecuada por el sufrimiento al que han sido sometidas.

A mediados de 1995, las autoridades peruanas llevaron aún más lejos esta "institucionalización", dando a la impunidad fuerza de ley. El 14 de junio de 1995, el Congreso del Perú aprobó la Ley N°26,479, en cuyo artículo 1 se concede amnistía general al personal militar, policial o civil que se encuentre denunciado, investigado, procesado o condenado por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y la fecha de promulgación de la ley. El día en que entró en vigor la ley de amnistía, la Dra. Antonia Saquicuray, juez encargada de la investigación de la matanza Barrios Altos en 1991, en la que 15 personas fueron asesinadas durante una fiesta [ Véase Acción Urgente de Amnistía Internacional, "Posibles ejecuciones extrajudiciales", AU 401/91, AMR 46/75/91/s, 15 de noviembre de 1991. En mayo de 1993 el General (EP) Rodolfo Robles Espinoza, general de división del ejército peruano, denunció públicamente que la matanza de Barrios Altos y otras graves violaciones de derechos humanos, habían sido cometidos por el "Grupo Colina", un "escuadrón de la muerte" integrado al Servicio de Inteligencia Nacional. La denuncia le obligó a exiliarse en Argentina.] , dio muestras de gran valor al dictaminar que la ley de amnistía no se aplicaba a dicho caso. No obstante, el 28 de junio de 1995, antes de que el dictamen de la juez de instrucción fuese revisado ante una Corte Superior a los efectos de su ratificación o veto, el Congreso promulgó una nueva ley que reforzaba las disposiciones de la primera ley de amnistía. Este segundo precepto, la Ley N°26,492, prohíbe a la judicatura pronunciarse sobre la legalidad o aplicabilidad de la ley de amnistía. De esta manera el Congreso anulaba de hecho el dictamen de la juez.

Desde 1993 los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que la organización ha recibido han disminuido considerablemente. Sin embargo, la organización continúa preocupada de que ocasionalmente se siguen registrando casos de este tipo.

Por ejemplo, según información recibida por la organización, el 27 de mayo de 1996 María Cárdenas Espinoza fue detenida en en el caserío de Chinchavito, distrito de Chinchao, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco. María Cárdenas fue detenida por una patrulla del Ejército peruano que realizaba un operativo por la zona. No ha sido vista desde su detención y su familia desconoce su paradero.

Amnistía Internacional también ha recibido información de que la violación y el abuso sexual de mujeres son utilizados por miembros de las fuerzas de seguridad como arma de tortura. Según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el 29 de agosto de 1996 Juana Ibarra Aguirre, junto con su hija de 5 años de edad, se apersonó en la Base Militar del Ejército "Monzón", en la provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco, habiéndose enterado de que era buscada porque uno de los miembros de dicha
base había supuestamente dejado un arma de fuego en su tienda.

Juana Ibarra estuvo incomunicada durante 13 días hasta que fue puesta en libertad el 11 de septiembre de 1996. En la base militar le forzaron "agua, sal y detergente por la nariz, repitiendo sucesivamente este acto hasta que se sintiera ahogada". Después "procedieron a quemarle los senos con cigarrillos, y empezaron a jalarle con un alicate los pezones hasta el punto que sangrara". Los oficiales también amarraron a la niña y fue "maltratada delante de su madre". Juana Ibarra fue amenazada con la muerte de su hija si no se responsabilizaba por el arma perdida.

La tortura no terminó ahí. Juana Ibarra fue golpeada contra la pared y contra el suelo hasta que le fracturaron la nariz. Los oficiales le obligaron a ingerir unas pastillas que la dejaron inconsciente y al despertar se dio cuenta que había sido violada.

Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del distrito judicial de Huánuco-Pasco. Sin embargo, hasta la fecha los responsables continúan impunes.

Conclusiones y recomendaciones "María Elena vive entre nosotras"

Como puede verse, a cinco años de la muerte de María Elena Moyano, los derechos humanos de las mujeres peruanas siguen siendo violados. Sin embargo, "María Elena vive entre nosotras", como han dicho en tantas
ocasiones las mujeres activistas peruanas. Los derechos humanos de las mujeres no sólo son universales, sino también indivisibles. Una mujer que es detenida arbitrariamente, torturada, muerta, "desaparecida" o encarcelada tras un juicio sin las debidas garantías, no tiene oportunidad de ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al Gobierno del Perú para que:

cumpla sus compromisos y políticas a favor de los derechos humanos de la mujer; garantice la protección de los derechos humanos de la mujer y la aplicación completa y eficaz de los instrumentos jurídicos internacionales que las amparan y de los que el Perú es parte, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; erradique la violación, los abusos sexuales y otras formas de tortura y malos tratos cometidos por los agentes de las fuerzas de seguridad asegurando que:
- se lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura o malos tratos;

- toda forma de detención o encarcelamiento y toda medida que afecte a los derechos humanos de los detenidos o presos estén sujetas al control eficaz de una autoridad judicial;

- durante el interrogatorio de mujeres detenidas o presas debe haber presentes mujeres guardias, que deberán ser las únicas autorizadas para llevar a cabo los registros corporales de las reclusas y así reducir el riesgo de violación y otros abusos sexuales;

-a todos los detenidos y presos debe dárseles la oportunidad de someterse a un reconocimiento médico imparcial y con prontitud después de su ingreso en un centro de custodia y regularmente a partir de ese momento;

- a toda mujer bajo custodia que alegue haber sido violada debe practicárseles un reconocimiento médico, a ser posible por una doctora;

- todas las víctimas de violación y abuso sexual y otras formas de tortura y malos tratos deben tener derecho a una indemnización justa y adecuada y a la debida atención médica;

libere a todos los presos y presas de conciencia inmediata e incondicionalmente, y tome las medidas necesarias para que se revise judicialmente sus casos y los compense; garantice juicios prontos y justos a todos los presos acusados de delitos de terrorismo: revisando pronta y exhaustivamente la legislación antiterrorista para que estas leyes se ajusten a los procedimientos establecidos en las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías; tome todas las medidas necesarias para anular las leyes de amnistía
promulgadas en 1995; prevenga la comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones  extrajudiciales asegurando que:
- se lleven acabo con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de estas violaciones de derechos humanos y se lleve a la justicia a los responsables;

- se informe inmediatamente a las familias de cualquier detención practicada y se les mantenga informadas en todo momento del paradero del detenido o preso;

- se proporcione una reparación justa y adecuada - incluida la indemnización económica- a los familiares de las víctimas de estas violaciones;

que considere cuidadosamente las sugerencias y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de noviembre de 1996, emitidas al concluir su revisión del informe del Gobierno de Perú relativo a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Hèctor Villanueva
 

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